INTRODUCCIÓN
La región sur del Ecuador, particularmente las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, atraviesa un momento crítico que pone en evidencia las fragilidades históricas del modelo de desarrollo territorial del país. El cierre del tránsito fronterizo hacia el norte del Perú, decretado por el Ejecutivo bajo argumentos de seguridad nacional, ha reactivado una discusión largamente postergada: la frontera no es una periferia prescindible, sino un espacio estratégico cuya desatención sistemática genera efectos acumulativos en lo económico, social, cultural y, de manera creciente, en la seguridad.
Desde una lectura centralista, el impacto económico del cierre se relativiza al compararlo con el volumen comercial de pasos fronterizos como Rumichaca. Sin embargo, esta comparación es metodológicamente incorrecta y políticamente riesgosa. La economía fronteriza del sur no es marginal por naturaleza, sino incipiente por diseño institucional y abandono histórico. La reiteración del término incipiente no es retórica: expresa una condición estructural que impide que el territorio despliegue sus potencialidades productivas, turísticas, culturales y de servicios profesionales.
I. LA FRONTERA VIVA: TERRITORIO, ECONOMÍA Y DIGNIDAD
La frontera sur es una frontera viva. En ella se desarrollan intercambios cotidianos de pequeña escala, redes familiares transnacionales, flujos culturales, comercio local, servicios profesionales y un turismo aún embrionario. Estas dinámicas no pueden evaluarse únicamente con indicadores macroeconómicos, pues su valor radica en la sostenibilidad social y en la cohesión territorial.
El cierre prolongado del tránsito ha impactado directamente en este tejido frágil: emprendimientos turísticos que apenas se consolidaban han visto interrumpida su demanda; pequeños comerciantes han perdido su mercado natural; profesionales que ofrecían servicios binacionales han quedado sin posibilidad de ejercer. La seguridad nacional, cuando se aplica sin enfoque territorial, termina produciendo inseguridad social.
II. LA LEY DE DESARROLLO FRONTERIZO: UNA OPORTUNIDAD MAL IMPLEMENTADA
El Ecuador cuenta con un marco normativo que reconoce explícitamente la deuda histórica con los territorios de frontera. La Ley de Desarrollo Fronterizo establece incentivos productivos, financieros y presupuestarios diferenciados, orientados a corregir desigualdades estructurales. Entre sus principios rectores se encuentran el acceso a créditos preferenciales, la remisión de intereses, el fortalecimiento de infraestructura, la protección ambiental y la promoción del talento humano.
Asimismo, la ley consagra una ponderación presupuestaria superior para la población fronteriza, reconociendo que la igualdad formal reproduce desigualdad real cuando no se consideran las condiciones geográficas y estructurales.
No obstante, la distancia entre la letra de la ley y su aplicación efectiva ha sido profunda. La causa principal no radica en la ausencia de recursos normativos, sino en la debilidad del modelo de gobernanza territorial previsto para su ejecución.
III. EL NUDO CRÍTICO: GOBERNANZA MULTINIVEL Y PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA
El principal escollo identificado en la implementación del régimen fronterizo ha sido la imposibilidad práctica de consolidar consejos multinivel territoriales operativos, es el caso del COMITÉ INTERSECTORIAL NACIONAL DE DESARROLLO FRONTERAS . Estos espacios, concebidos para articular al gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil, la academia y el sector productivo, no han logrado cumplir su rol estratégico.
La rectoría ejercida por la entonces “Planifica Ecuador” (antigua SENPLADES) y hoy Secretaría Nacional de Planificación ha mantenido una lógica predominantemente centralista, no solamente por la imposibilidad hasta la actualidad de su conformación, sino también por pensar que los territorios participan como receptores de decisiones, no como coproductores de política pública. En la frontera, esta lógica resulta particularmente disfuncional.
Sin instancias territoriales con capacidad real de decisión, seguimiento y evaluación, los incentivos previstos se fragmentan en programas sectoriales inconexos, sin acumulación de impacto ni apropiación local.
IV. SEGURIDAD, VIOLENCIA Y ECONOMÍAS ILEGALES
La región sur no es ajena al deterioro progresivo de las condiciones de seguridad que afecta al país. La minería ilegal, el tránsito de armas, el contrabando y otras economías ilícitas encuentran terreno fértil allí donde el Estado no logra articular desarrollo, control y oportunidades.
La frontera abandonada se convierte en frontera capturada. Cuando las alternativas productivas legales son escasas, la población queda expuesta a redes ilegales que ofrecen ingresos inmediatos, aunque destructivos. La seguridad no puede reducirse a control militar o policial; debe entenderse como resultado de una presencia integral del Estado.
La normativa fronteriza reconoce la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, sin coordinación territorial y sin planificación integrada, estas acciones se vuelven reactivas y de corto plazo.
V. DESARROLLO PRODUCTIVO, TALENTO HUMANO Y COHESIÓN SOCIAL
El desarrollo fronterizo debe sustentarse en la activación de economías locales: agricultura, agroindustria, turismo rural, servicios ambientales, comercio y economía del conocimiento adaptada al territorio. La formación de talento humano debe responder a estas vocaciones, evitando la expulsión sistemática de jóvenes.
La ley contempla incentivos educativos y laborales diferenciados para habitantes fronterizos. No obstante, su aplicación parcial ha limitado su capacidad transformadora. Sin gobernanza territorial, estas medidas no logran articularse en una estrategia de arraigo poblacional.
VI. AMBIENTE, TERRITORIO Y DERECHOS DE LA NATURALEZA
La frontera sur alberga ecosistemas estratégicos y áreas de alta biodiversidad. La protección ambiental no puede plantearse como restricción abstracta, sino como oportunidad de desarrollo sostenible. La falta de alternativas económicas ha llevado a que actividades ilegales degraden territorios que deberían ser base de un nuevo modelo productivo.
Los gobiernos locales deben tener mayor capacidad de control ambiental y de gestión territorial, articulados a una planificación nacional que reconozca las especificidades fronterizas.
RECAPITULANDO:
La frontera sur del Ecuador no puede seguir siendo tratada como una línea de contención ni como un costo aceptable del centralismo. Es un territorio estratégico cuya estabilidad define la seguridad, la cohesión y el desarrollo nacional. Resolver el problema de la gobernanza multinivel no es un ajuste técnico: es una decisión política estructural.
Sin frontera viva no hay Estado fuerte. Sin desarrollo territorial no hay seguridad sostenible. Sin gobernanza real, la ley seguirá siendo una promesa incumplida.
QUÉ DEBEN HACER NUESTRAS AUTORIDADES NACIONALES?
Reformar el reglamento de la Ley de Desarrollo Fronterizo para garantizar la operatividad real de los consejos multinivel territoriales.
Dotar a estos consejos de carácter vinculante y presupuesto propio.
Descentralizar la planificación fronteriza, permitiendo agendas territoriales diferenciadas.
Integrar seguridad, desarrollo productivo y cohesión social en una sola estrategia territorial.
Fortalecer el rol de la Secretaría Nacional de Planificación como articulador de procesos territoriales, no solo normativos.
Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación con participación local.
