En el vasto escenario de la gobernanza territorial, la administración pública se erige como un faro que guía las decisiones hacia horizontes de eficiencia y equidad. Este concepto, aparentemente prosaico, encierra en su seno la clave para desentrañar los retos contemporáneos que enfrentan los Gobiernos autónomos descentralizados (GADs). ¿Cómo lograrlo? La respuesta yace en la confluencia de la planificación estratégica, la planificación física y la participación ciudadana, cimientos sobre los cuales se erige el edificio de un desarrollo sostenible y equitativo.
La administración pública, entendida como la implementación de una caja de herramientas para la toma de decisiones, adquiere un matiz vital en la gestión de los territorios. Se constituye como el conductor que, armado con conocimientos técnicos y visiones estratégicas, despeja el camino hacia la eficiencia y la coherencia en las políticas públicas. Es en esta amalgama de planificación y ejecución donde radica la esencia misma de una gobernanza efectiva.
Al adentrarnos en el meollo de la gestión pública, nos topamos con la importancia de la planificación como hoja de ruta que orienta los pasos de las instituciones. En este sentido, el territorio emerge como un ente vivo, con sistemas análogos a los del cuerpo humano. Así como cuidamos de nuestro organismo para garantizar su funcionamiento óptimo, debemos velar por la salud y el equilibrio de nuestros espacios geográficos. La planificación física se convierte, entonces, en la herramienta que nos permite armonizar el crecimiento urbano con la preservación de las áreas rurales, en un acto de equilibrio que trasciende las meras consideraciones estadísticas. Entenderemos entonces que debemos revertir el crecimiento desmesurado de las urbes y ciudades importantes en el Ecuador en desmedro del vaciamiento de las áreas rurales que inclusive han decrecido en su demografía según los resultados del último censo de población y vivienda que determinarán nuevos factores de ponderación en la asignación de recursos que irónicamente debilitan a nuestros pueblos fronterizos.
Sin embargo, la mera existencia de un plan estratégico no es suficiente si no va acompañado de la voz y la participación activa de la ciudadanía. Es aquí donde se manifiesta la verdadera esencia de la democracia participativa. La participación ciudadana, lejos de ser un mero formalismo, se presenta como la piedra angular sobre la cual se edifica la legitimidad de las políticas públicas. Es el puente que conecta la visión técnica del administrador con el conocimiento empírico y local de quienes habitan el territorio. En este diálogo fructífero entre gobernantes y gobernados radica la esencia misma de una gestión pública transparente y legítima.
No obstante, lamentablemente, nos enfrentamos a una realidad donde la falta de armonía y equilibrio entre los diversos actores obstaculiza el avance hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. La brecha entre la teoría y la práctica se manifiesta de manera palpable en la desconexión entre las prioridades establecidas por los técnicos y políticos, y las necesidades reales de la población. Este divorcio entre la planificación y la ejecución se traduce en un escenario donde los bueyes, en lugar de tirar de la carreta, quedan rezagados detrás de ella, incapaces de alcanzar el destino deseado. Un grave déficit perceptible en nuestros territorios del sur del Ecuador es precisamente la falta de aplicación de los conceptos citados, más aún, cuando nuestros organismos de control dejan pasar o ignoran premeditadamente el embate grotesco de actividades perniciosas a nuestra Pachamama, como el extractivismo …, que se ha afianzado en la Amazonia, pero que también, de una manera paulatina ha ido depredando históricamente los territorios de El Oro y Loja.
Ante esta realidad, es imperativo que la administración pública, la planificación y la participación ciudadana se instituyan como guardianes del equilibrio territorial. Es necesario trascender el enfoque miope y cortoplacista para abrazar una visión integral y a largo plazo. Es momento de revertir el crecimiento desmesurado de las urbes y ciudades, y apostar por un desarrollo disruptivo que brinde oportunidades equitativas para todos los habitantes del territorio.
Vemos a los ex candidatos ahora convertidos en autoridades, en algunas localidades, en una actitud adormitada, sin atinar a esbozar agendas emergentes en momentos en que la opinión ciudadana desborda de impaciencia, y es que, generalmente presentamos las prioridades particulares de un grupo de técnicos y políticos e intentamos que ellas sean validadas en asambleas que nada tienen de participativas. Sin una hoja de ruta real, válida y realizada de una manera técnica y participativa es imposible que un municipio o una junta parroquial puedan llegar en cuatro años al lugar anhelado por los candidatos que definitivamente se ven impedidos de cumplir las promesas de su plan de gobierno. Por estas razones es necesario que la administración pública, la planificación, la participación ciudadana y los organismos de control sean los custodios del equilibrio de nuestro territorio para generar un modelo de desarrollo disruptivo que permita la aplicación del concepto del buen vivir, preconizado en nuestra constitución y teorizado por nuestros pueblos originarios. La administración pública repetiremos, es el arte de equilibrar visiones estratégicas con la realidad tangible de las comunidades. Es el compromiso de garantizar que las decisiones tomadas hoy no comprometan el bienestar de las generaciones futuras. En última instancia, es la búsqueda constante del equilibrio y la armonía en el tejido mismo de la sociedad.
